Acuerdo de París

El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en 2015, en París, Francia. Su objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, con esfuerzos para que no supere 1.5°C respecto a los niveles preindustriales.

En el artículo 2 del Acuerdo de París refleja el enfoque global adoptado por la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza del cambio climático, alineando los esfuerzos con el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5°C sobre los niveles preindustriales, un objetivo ambicioso que busca minimizar los riesgos y efectos del cambio climático, como eventos climáticos extremos, inundaciones y sequías. A través de este acuerdo, se reconoce la necesidad de aumentar la capacidad de adaptación a esos efectos adversos, lo que implica que los países deben trabajar para construir resiliencia frente a los impactos del cambio climático, mientras promueven un desarrollo económico que sea compatible con la reducción de emisiones. Además, se destaca la importancia de los flujos financieros para garantizar que los países, especialmente los más vulnerables, puedan invertir en medidas que reduzcan las emisiones y adapten sus infraestructuras. Desde un punto de vista legal, esta visión subraya la necesidad de una legislación robusta que permita implementar estas metas, integrando normativas nacionales e internacionales que aseguren la transición hacia un desarrollo más sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles, en línea con los compromisos asumidos a nivel global. Acuerdo de París

Panamá ha tomado diversas medidas para combatir el cambio climático, destacando su ratificación del Acuerdo de París el 1 de octubre de 2016, donde se comprometió a reducir las emisiones y limitar el aumento de la temperatura global. El país presentó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), enfocadas en energías renovables y reforestación, y adoptó la Agenda de Transición Energética (ATE) en 2020 para diversificar su matriz energética. Además, desarrolló estrategias de adaptación y mitigación para sectores vulnerables y participó en iniciativas regionales de conservación. También trabaja en la elaboración de una estrategia de desarrollo económico y social baja en carbono, con apoyo de la Unión Europea, y ha fortalecido la transparencia climática para monitorear su progreso, reafirmando su compromiso con un desarrollo sostenible y resiliente frente al cambio climático.